Contamos con amplia experiencia en la protección de riesgos del sector estatal.
Nuestro portafolio de productos está diseñado para atender las necesidades
de aseguramiento de todas las entidades estatales a nivel nacional.

Nuestras fortalezas

Oficinas

Presencia a nivel nacional, tenemos una red de oficinas que brindan atención personalizada para atender de manera eficiente las necesidades de la entidad.

Portafolio

Portafolio de productos que se ajustan a las necesidades de cualquier tipo de entidad estatal.

Experiencia

Experiencia positiva del cliente, contamos con altos estándares de atención y servicio enfocados en garantizar la satisfacción y confianza de nuestros clientes.

Trayectoria

Trayectoria sólida, somos una compañía con 69 años de experiencia en el mercado, dedicada a respaldar el desarrollo de proyectos, el crecimiento y el fortalecimiento del patrimonio de las entidades estatales.

Personal

Contamos con personal capacitado en cada una de nuestras oficinas

Clientes

Actualmente brindamos respaldo integral a más de 2.000 clientes del sector estatal mediante seguros de Daños, Responsabilidad Civil, automóviles y seguros de Vida, fortaleciendo la gestión y protección de las entidades públicas.

Marco jurídico aplicable en contratación estatal

Ley 80 de 1993:

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Ley 1150 de 2007:

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones sobre contratación con recursos públicos.

Decreto 1082 de 2015:

Por el cual se unifican las normas del sector administrativo de planeación nacional.

Ley 142 de 1993:

Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

La Ley 100 de 1993:

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones

La Ley 30 de 1992:

Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior

Ley 1474 de 2011:

Por la cual se dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y se establecen medidas para mayor transparencia en la gestión pública.